Politólogo y economista. Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
No hay plena conciencia en los mayores centros de los establishments políticos y mediáticos españoles del grado de descontento de la mayoría de la población hacia la clase política. Una de las expresiones utilizadas por el Movimiento 15-M para manifestar su desacuerdo con las políticas públicas altamente impopulares aprobadas durante los años de crisis por mayorías en las Cortes españolas (y en varios parlamentos autonómicos), es que tales políticos “no nos representan”, dicho que goza de una simpatía generalizada entre la población. Las encuestas de opinión popular expresan que la clase política se ha convertido en uno de los mayores problemas que existe en España.
Este desapego con las instituciones políticas está basado, en parte, en la naturaleza poco representativa del Parlamento, resultado de un sistema electoral poco representativo, hecho que se ha mostrado con toda claridad en las elecciones del 20-N.
La interpretación más común en los medios de mayor difusión españoles es que la población se ha movido hacia la derecha, eligiendo masivamente al partido conservador. Con ello se señala por parte de tales medios que existe un amplio apoyo a las propuestas electorales de tal partido, que se centran en la necesidad de hacer recortes masivos de gasto público. Rajoy señaló en campaña que, excepto las pensiones, ningún otro capítulo del presupuesto se salvaría de las reducciones de gasto público.
La victoria del PP se está presentando, pues, como una victoria abrumadora, utilizándose el término tsunami con gran frecuencia. Y como muestra de este tsunami se presenta el mapa electoral de España cubierto de azul, el color del PP, excepto en Catalunya y en el País Vasco. Tal tsunami se presenta también como un mandato para hacer políticas de austeridad. Por cierto, en Catalunya, la victoria de CiU también se ha presentado como una aprobación masiva por parte del pueblo catalán de las políticas de recortes que ha realizado tal partido en el Gobierno.
En todas estas interpretaciones se ignora la escasa calidad democrática del sistema electoral español. Veamos los datos. El PP consiguió sólo el 30% del voto del censo electoral, es decir, de todos los españoles adultos que podían votar. Ello quiere decir que el 70% no le votó. No es cierto, por lo tanto, que el pueblo español que incluye, además de los votantes del PP, a los abstencionistas y a los votantes de otras opciones políticas, haya dado su apoyo al PP y a sus políticas de austeridad. La gran mayoría del pueblo español no votó al PP, ni apoya sus políticas.
Es más, los datos tampoco confirman que haya habido un movimiento del pueblo español hacia la derecha. El voto del PP fue del 30,27% de todas las personas que podían votar, que fue sólo un 0,96% (repito, sólo un 0,96%) más del que consiguió en 2008 en las anteriores elecciones legislativas (un 29,31%). Es difícil sostener que ha habido un tsunami a favor del PP, la expresión utilizada en la mayoría de los medios. Continúa siendo un partido que, bajo un sistema proporcional que diera el mismo peso a todos los votos, sería minoritario. Su aumento acentuado de número de parlamentarios se debe primordialmente al colapso del PSOE, que pasó de representar el 32,19% del censo electoral al 19,49%, precisamente por haber hecho los recortes que ahora el PP quiere expandir. No es coherente argumentar que hay un mandato popular para realizar las políticas de austeridad del PP cuando el PSOE fue expulsado del Gobierno precisamente por llevar a cabo tales políticas.
Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya con CiU. Este partido consiguió sólo el voto del 18,8% de todos los catalanes que podían votar, lo cual quiere decir que el 81,2% no le votó. Deducir de ello –como ha concluido el presidente de tal partido y de la Generalitat– que el resultado de las elecciones es una muestra de apoyo del pueblo catalán a sus recortes es una lectura excesivamente sesgada que carece de credibilidad. Aquí, de nuevo, el hecho de que se presentara a toda Catalunya bajo los colores de CiU se debe predominantemente al descenso tan notable del PSC, que pasó de cosechar el apoyo de un 31,74% del censo electoral (de todos los catalanes que podían votar) a un 17,1%, resultado en gran parte de la identificación del PSC con los recortes del Gobierno Zapatero.
No hay, pues, un mandato popular para que el PP o CiU realicen las políticas de recortes, si por mandato se entiende el deseo de la mayoría de la ciudadanía. En realidad, las encuestas que tenemos disponibles muestran que la mayoría de la población no está de acuerdo con tales políticas, favoreciendo otras alternativas, muchas de las cuales ni siquiera están siendo consideradas (encuesta del CIS de 2010 y 2011).
Vemos, pues, que el partido que gobernará es un partido minoritario entre la población española, aunque tenga gran mayoría en escaños. De ahí que cuando el Movimiento 15-M denuncie a las Cortes españolas por realizar las políticas impopulares de recortes, por no representar a la mayoría de la población, llevará toda la razón, pues representarán sólo a una minoría. El PP tendrá un control casi absoluto sobre los aparatos del Estado sin que le haya votado la mayoría de los españoles, por mucho que los medios pinten en azul el mapa de España. No hay duda de que, de llevarse a cabo tales políticas de recortes, además de generar gran conflicto social, desacreditarán todavía más a la clase política y a la democracia española. Las nuevas generaciones, educadas ya en valores democráticos, son más exigentes que las que les precedieron y no aceptarán la democracia limitada que tenemos, resultado de una Transición inmodélica que determinó una democracia incompleta, responsable de un bienestar insuficiente.
